Sed en las ciudades. La crisis hídrica en México

La sequía que está sufriendo México no sólo ocurre en las zonas rurales como una tragedia propia de campesinos atrapados en paisajes rulfianos; el mundo citadino también se está deshidratando y, de hecho, las tres ciudades más pobladas del país tienen sed. Hablar del clima ya no puede ser trivial, tampoco un mero indicio de que faltan temas de conversación; se ha vuelto, por el contrario, uno de los pocos temas que continúan siendo pertinentes cuando se habla desde una pandemia.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) monitorea una sequía que impacta en todo el país; lo plasma en un mapa al que le van saliendo manchones amarillos que se tornan rojos y luego marrones conforme la falta de agua se agudiza. Si la imagen detona la alerta, las cifras, en su frialdad exacta, son lapidarias: 82% de los municipios están anormalmente secos o presentan una sequía como tal, de acuerdo con el reporte del 30 de abril de 2021. La situación es atípica: durante las mismas fechas del año anterior, 57% de los municipios sufrían este problema. Por eso hay que decirlo con la seguridad de quien busca que lo escuchen: estamos teniendo un año muy seco en todo el territorio.

De acuerdo con las categorías que utiliza la Conagua y que siguen la clasificación del Monitor de Sequía de América del Norte (NADM, por sus siglas en inglés), al cierre de esta edición, la Ciudad de México se encontraba en D1 (sequía moderada: existe un riesgo alto de incendios y hay ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos con niveles bajos de agua), mientras que Monterrey y Guada­lajara estaban en D2 (sequía severa: riesgo alto de incendios y escasez de agua), condiciones que llevan a las autoridades a “imponer restricciones al uso del agua”. Desde febrero de 2021 se reportaron sequías; algo que no ocurría desde aquel verano de 2011 cuando las tres ciudades hilaron un periodo que duró cinco meses y que alcanzó en Monterrey la categoría D3 (sequía extrema: riesgo extremo de incendios forestales y se generalizan las restricciones debido a la escasez). Y entonces el tema del clima comienza a ser aterrador. ¿Cuántos años nos quedan antes de que se acabe el agua?, ¿cuándo podría ser el fin, la fecha del día cero? Responder estas preguntas es difícil porque las predicciones apocalípticas no son comunes en las fuentes confiables y porque hacerlas es inútil. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 1970 la disponibilidad de agua en la nación era, en promedio, de diez millones de litros anuales por habitante; en 2019 fue sólo de 3 583 000 litros. En otras pa­labras, hace cincuenta años teníamos 2.8 veces más agua que ahora
La situación, en realidad, es peor para las tres ciudades más importantes de México. Monterrey, en el estado de Nuevo León; Guadalajara, en Jalisco; y la Ciudad de México, la capital del país, cuentan con una disponibilidad de agua muy por debajo de la media nacional; además, el Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés) las coloca como ciudades con alto estrés hídrico. Esto quiere decir que su demanda de agua equivale al 80% de lo que pronostican obtener anualmente, lo que deja en una posición muy vulnerable a casi veinte millones de personas.

Aunque las tres tienen problemas para enfrentar la falta de agua, no son igual de frágiles. Una distinción es que Monterrey y la Ciudad de México sí tienen una escasez manifiesta, mientras que Guadalajara no y eso se nota en la disponibilidad del agua por entidad. Si la capital sólo cuenta con doscientos litros disponibles al día por habitante, Nuevo León tiene once veces más y Jalisco, veintiséis veces más. Esta condición provocó que, durante el siglo XX, la Ciudad de México y Monterrey buscaran fuentes externas, distintas a la subterránea, para hacerse de agua. La capital lo hizo primero con el Sistema Lerma en 1951 y luego, con el Sistema Cutzamala en los ochenta —ali­mentado por siete presas en la cuenca del río del que tomó su nombre—. Ambos proyectos resultaron proezas de ingeniería que buscaban atender la demanda de agua que trajo consigo la explosión demográfica. En el caso de Monterrey, fue el desarrollo industrial lo que obligó a conseguir más agua y los empresarios quienes tomaron el control de su gestión hasta 1977. En ese periodo realizaron la presa La Boca, a finales de los cincuenta, y empezaron a destinar el agua tratada para uso industrial. Después, a finales de los ochenta, se hizo una segunda presa, Cerro Prieto, y en 1994 se inauguró El Cuchillo. Esta última obra detonó un conflicto entre Nuevo León, Tamaulipas y el gobierno federal que derivó en la firma de un acuerdo en 1996, en el que Nuevo León acepta que si El Cuchillo alcanza 315 millones de metros cúbicos —un tercio de su capacidad— deberá enviar el excedente a Tamaulipas que, por encontrarse al final de las cuencas de los ríos Bravo, Tula, Moctezuma y Pánuco, recibe una menor cantidad de agua. A la fecha, los políticos regiomontanos siguen reviviendo ese conflicto, que encuentra eco en la identidad regionalista de su ciudad, para la cual parece injusto compartir el agua, y en las tensiones con el actual gobierno federal, visto como un agente que interviene en las decisiones locales. Pese al uso de la tecnología para traer agua de lejos, ambas ciudades siguen dependiendo en un 40% de aguas subterráneas y los acuíferos que les proveen este recurso están sobreexplotados, es decir, se les retira más agua de la que son capaces de captar.

La situación, en realidad, es peor para las tres ciudades más importantes de México. Monterrey, en el estado de Nuevo León; Guadalajara, en Jalisco; y la Ciudad de México, la capital del país, cuentan con una disponibilidad de agua muy por debajo de la media nacional; además, el Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés) las coloca como ciudades con alto estrés hídrico. Esto quiere decir que su demanda de agua equivale al 80% de lo que pronostican obtener anualmente, lo que deja en una posición muy vulnerable a casi veinte millones de personas.

Aunque las tres tienen problemas para enfrentar la falta de agua, no son igual de frágiles. Una distinción es que Monterrey y la Ciudad de México sí tienen una escasez manifiesta, mientras que Guadalajara no y eso se nota en la disponibilidad del agua por entidad. Si la capital sólo cuenta con doscientos litros disponibles al día por habitante, Nuevo León tiene once veces más y Jalisco, veintiséis veces más. Esta condición provocó que, durante el siglo XX, la Ciudad de México y Monterrey buscaran fuentes externas, distintas a la subterránea, para hacerse de agua. La capital lo hizo primero con el Sistema Lerma en 1951 y luego, con el Sistema Cutzamala en los ochenta —ali­mentado por siete presas en la cuenca del río del que tomó su nombre—. Ambos proyectos resultaron proezas de ingeniería que buscaban atender la demanda de agua que trajo consigo la explosión demográfica. En el caso de Monterrey, fue el desarrollo industrial lo que obligó a conseguir más agua y los empresarios quienes tomaron el control de su gestión hasta 1977. En ese periodo realizaron la presa La Boca, a finales de los cincuenta, y empezaron a destinar el agua tratada para uso industrial. Después, a finales de los ochenta, se hizo una segunda presa, Cerro Prieto, y en 1994 se inauguró El Cuchillo. Esta última obra detonó un conflicto entre Nuevo León, Tamaulipas y el gobierno federal que derivó en la firma de un acuerdo en 1996, en el que Nuevo León acepta que si El Cuchillo alcanza 315 millones de metros cúbicos —un tercio de su capacidad— deberá enviar el excedente a Tamaulipas que, por encontrarse al final de las cuencas de los ríos Bravo, Tula, Moctezuma y Pánuco, recibe una menor cantidad de agua. A la fecha, los políticos regiomontanos siguen reviviendo ese conflicto, que encuentra eco en la identidad regionalista de su ciudad, para la cual parece injusto compartir el agua, y en las tensiones con el actual gobierno federal, visto como un agente que interviene en las decisiones locales. Pese al uso de la tecnología para traer agua de lejos, ambas ciudades siguen dependiendo en un 40% de aguas subterráneas y los acuíferos que les proveen este recurso están sobreexplotados, es decir, se les retira más agua de la que son capaces de captar.

En Guadalajara la sequía es un conflicto político. Activistas y especialistas coinciden en que los recortes y tandeos que anunció el gobernador Enrique Alfaro son innecesarios, pues, en realidad, buscan justificar ante la opinión pública la construcción de la presa El Zapotillo. Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión In­tegral del Agua, es muy enfático en que dicho proyecto tiene como objetivo proveer de agua a la industria y no a la gente que vive en el área metropolitana de Guadalajara. Hoy Jalisco obtiene 35% del agua de fuentes subterráneas y también los acuíferos están sobreexplotados.

El agua no sólo es un recurso natural, también es conflicto. En la Ciudad de México es un indicador de una carrera contra la demografía imposible de ganar; en Monterrey, un recordatorio de las tensiones entre el gobierno federal y el empresariado regio; en Jalisco hay un conflicto político en progreso. Cada una de ellas tiene un sistema de agua y alcantarillado que hace agua: su red tiene fugas por todas partes; la información respecto a quién usa el agua y para qué es imprecisa; y padecen de un desorden urbano que les impide brindar servicios públicos de forma eficiente. Estudiar esas coincidencias, no obstante, es un punto de partida útil para empezar a resolver un problema que tenemos encima.

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¿Cuándo aprendimos que desperdiciar agua es malo? Proba­blemente, muy temprano en nuestras vidas y eso se debe, en parte, a que los distintos niveles de gobierno hacen, desde hace años, un esfuerzo para que la población en general ahorre en su consumo de agua, a través de campañas de comunicación que quedaron adheridas a los hábitos de varias generaciones. Anuncios comerciales donde los niños cantaban y promovían el cuidado del agua; “¡Cuídala, que se te acaba!”, decía alguna de las frases que salpicaban las transmisiones televisivas en spots de treinta segundos; “Gota a gota, el agua se agota” es otra de esas frases. También estaban los comerciales con imágenes que proyectaban un futuro en ruinas donde la gente iba al banco a depositar botellas de agua. “¡Párale al chorro!”, decían.
Claro que no estorba impulsar una cultura de cuidado del agua en la ciudadanía, pero ¿por qué parece que sólo se les pide a los usuarios domésticos el uso a conciencia?, ¿por qué los recortes siempre se dirigen a la población en general? Porque existe un trato diferenciado de las autoridades respecto a los usuarios del agua. “Cuando hay épocas de sequía, cuando hay fallas de distribución o, como ahora, que ocurrió un aumento en el consumo —las autoridades explicaron que fue debido al confinamiento—, las restricciones (cortes y tandeos) nada más fueron al usuario doméstico”, señala el activista ambiental Antonio Hernández sobre el actuar de Agua y Drenaje, el organismo estatal encargado de la gestión del agua en Nuevo León. Para Hernández, estas medidas de “castigo” tienen como efecto que la gente comience a pensar que si falta el agua es porque la ciudadanía la desperdicia. En cambio, para los usuarios agrícolas e industriales no hay restricciones, bajo el argumento de que es importante que sigan aportando alimentos y productos; es decir, no hay por qué hacerlos parar.

Y, mientras unos hacemos una nueva vida, plagada de cu­betas y desprovista de baños diarios, otros, los grandes usuarios, continúan cultivando y fabricando como si nada. ¿Y a los gobiernos? A ésos se les va el agua de las manos porque una fuente importante del desperdicio está en la propia red de distribución. Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México pierden entre 30% y 40% del agua que ingresa a ellas debido a fugas o tomas clandestinas. Esta pérdida se cataloga como agua no contabilizada (ver Recuadro 2). “¿Realmente es escasez o es derroche?”, se pregunta la doctora María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) en Guadalajara. “Hay situaciones que, por acción u omisión de las autoridades y de las empresas, provocan que se desperdicie en la ciudad agua limpia en grandes volúmenes”.

La falta de atención a las fugas es un gran ejemplo. La si­tuación de Monterrey es menos grave que la de Guadalajara o la Ciudad de México, de acuerdo con el director del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey, Rodrigo Crespo, quien incluso sostiene que de ese 32% de agua no contabilizada, la mitad se debe a fugas en la red y el resto viene de problemas con los medidores o el robo de agua. “Uno de los éxitos de Agua y Drenaje en Monterrey es la sectorización de la red. ¿Qué quiere decir eso? Piensa en un rectángulo que representa tu universo o tu red y lo que van haciendo ahí es cuadricularlo”, explica. Desde el 2007, Agua y Drenaje aplica esta estrategia de sectorización que le permite ver la red en “cachitos” y cada pedazo tiene una entrada y salida de agua que se miden con sensores para detectar los cambios de presión y saber con exactitud en qué parte de la red puede haber un problema de fuga o si se colocó una toma de agua ilegal. Esta información ayuda a que la atención de las fugas sea más precisa y no ocurra lo documentado por el Imdec en Guadalajara, donde el personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado (Siapa) suele errar al momento de buscar las fugas: abren calles donde no está el problema y siguen haciendo hoyos hasta encontrarlo. De acuerdo con González, cada error de estos tiene un costo de cien mil pesos.

El periódico Mural documentó uno de estos sinsentidos en febrero del 2020 y publicó cómo se tiraba agua limpia de una de las estaciones de la Línea 3 del tren ligero de Guadalajara porque la construcción había perforado un depósito de agua subterránea y la fuga impedía que este transporte pudiera funcionar. Señalaron que se desperdiciaban 240 litros de agua limpia al drenaje cada dos minutos, lo que equivale a tirar en un día el agua que consumen 720 personas en promedio en esa ciudad.

Justamente en Guadalajara, el doctor Jorge Delgado Aguiñaga se ha dedicado a crear un algoritmo que, si se alimenta con los datos adecuados, podría ubicar con mucha precisión las fugas. En una ponencia del 14 de junio de 2019, junto con la doctora Lizeth Torres Ortiz, admitió que la eficacia no es del 100%, pero que es mejor que buscar a ciegas. El trabajo de Delgado Aguiñaga está enfocado técnicamente en los Sistemas de Detección y Localización (SDL) y, como investi­gador de la Universidad del Valle de México en Guadalajara, ha trabajado, incluso con el Siapa, desde el 2016 en formas de implementarlo en la red de distribución de agua. Por su parte, Torres Ortiz se ha enfocado en Guanajuato a estudiar cómo el internet de las cosas (IOT), es decir, dispositivos físicos que logran transmitirse información entre sí sin intervención humana, puede aplicarse a las estaciones de medición de flujo, presión, pH y calidad del agua para mejorar su eficiencia. Una estación sencilla que incorpore los trabajos de Delgado Aguiñaga y Torres Ortiz tendría un costo de 55 mil pesos por estación, de acuerdo con sus propias estimaciones, y tendría que instalarse una estación en cada sector de la red. Por ejemplo, en Monterrey, donde la red del área metropolitana consta de 501 circuitos, la inversión requeriría de 27 550 000 pesos, una cifra que se pagaría deteniendo las fugas por sólo cinco días. El costo de implementar esta tecnología no es nada comparado con el dinero que se deja correr en el agua fugada
Pero ¿por qué el sistema de tuberías falla en todas las ciudades? La respuesta está en la edad de la red de distribución y en sus materiales. Las tuberías tienen más de cuarenta años en las tres ciudades, por lo que fueron construidas con una mezcla de concreto y asbesto —que, además de ser un material frágil, puede ocasionar daños a la salud—. A esta condición hay que sumar que los cambios de presión, como los que ocurren cuando se corta y se reanuda el agua, dañan las tuberías y, en el caso de la Ciudad de México, los sismos y el tipo de suelo (donde antes hubo un lago) son otros factores para tomar en cuenta.

Si solucionar este problema de fugas nos ayudaría a sanear en gran medida la sed de nuestras ciudades, ¿por qué no se hace? “Para mí, la interpretación es política”, responde Antonio Hernández. “[Como político] te va a generar una imagen ne­gativa porque implica poner la ciudad patas arriba, llenar de zanjas muchos sectores para sustituir las redes de distribución por unas nuevas y más eficientes y que no generen fugas: sería un caos, pero también sería la forma de remediar un daño provocado por décadas”.

Por otro lado, una gran obra de infraestructura, como una presa, no sólo es mucho más vistosa y atractiva políticamente, sino que implica licitaciones y negocios en los que pueden llevar mano la corrupción y el conflicto de interés. “En todo el país hay un modelo de gestión obsoleto que responde a gran-des intereses económicos, pero es un modelo que no está pensado realmente para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. No coloca en el centro la naturaleza, los ecosistemas, el ciclo natural del agua, y sólo beneficia a grandes usuarios”, dice González del Imdec.

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Sabemos que nuestras ciudades tienen sed porque beben de una red que parece colador, pero ¿de dónde obtienen el agua? y ¿para qué la usan? De acuerdo con la Conagua, 75% de la que se extrae en nuestro país la utiliza el sector agrícola. El agua de uso público —el rubro donde se incluye el doméstico— está en segundo lugar y representa 14.7% del agua que se extrae. El sector industrial usa 5% y el resto, 5.3%, se consume para generar energía; pero es importante aclarar que en este porcentaje no se contemplan las hidroeléctricas, que no transforman el agua, sino que sólo aprovechan su movimiento. “El gran problema del agua en el uso agrícola es que no se mide. Sabemos cuánta tienen concesionada, pero no sabemos realmente cuánta están usando y cuánta no”, explica Crespo. Este ir a ciegas provoca que no se pueda elaborar un plan preciso para volver más eficiente el uso del agua en el campo, entorpece la gestión a nivel estatal y abre la puerta a que se haga un uso indebido de las concesiones, es decir, de los permisos que la autoridad otorga para que los gobiernos, empresas y grupos de campesinos utilicen un volumen determinado de agua. “Entonces es evi­dente: lo que no mides, no lo puedes mejorar”, concluye.

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